La red que espió a Telma Ortiz vendía datos de 3.000 personas al mes
La red de tráfico ilegal de información desarticulada el mes pasado por la policía de Barcelona vendía mensualmente información confidencial de unas 3.000 personas, según fuentes próximas a la investigación. Eso da idea del enorme volumen de información que manejaban los implicados en la trama y de la aparente facilidad con que conseguían datos no solo de personas anónimas, sino incluso de alguien tan relevante como Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia, o el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.
La Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona, que durante más de un año grabó 2.000 conversaciones y siguió a decenas de sospechosos, ha dejado al descubierto un obsceno comercio de datos de todo tipo: estado civil, domicilio, teléfono, propiedades, vida laboral, actividades empresariales, tráfico de llamadas realizadas por la persona investigada, etcétera.
En las pesquisas aparecen involucrados unos 150 sospechosos. Entre ellos, 70 detectives privados, algunos de los cuales habían convertido la venta de información en su verdadera actividad profesional. También han sido detenidos directivos y empleados de Movistar, Vodafone y Orange que a cambio de 300 euros daban el listado de las llamadas telefónicas realizadas por una persona.
En la trama también desempeñaba un importante papel el ingeniero informático Matías B., que ha realizado trabajos para el CNI, que es capaz de penetrar en cualquier ordenador y obtener subrepticiamente todos los datos contenidos en su disco duro. Otro escalón de la organización lo constituía un grupo de funcionarios del Inem y Hacienda, además de policías y guardias civiles. Según fuentes de la investigación, la mayoría de los agentes no cobraba por facilitar algún dato, sino que lo hacía “como un favor” para algún detective amigo.
Obtener información del Inem (Instituto Nacional de Empleo) resultaba muy barato para el entramado: apenas 10 euros, de los que el funcionario corrupto solo percibía tres. En cambio, conseguir de Hacienda la información secreta contenida en el formulario 347 (la declaración anual de operaciones con terceras personas) era más caro: unos 20.000 euros.
El juez de instrucción número 17 de Barcelona tiene encartados en la causa a una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona), a dos funcionarios de Hacienda de Barcelona y a otro del País Vasco. Sin embargo, la policía está tras la pista de uno o más empleados soplones de los que sospecha que podrían estar destinados en la sede central de la Agencia Tributaria, a la que los traficantes denominan “la Casa Grande”.
Las pesquisas han durado más de un año: comenzaron a principios de 2011, cuando unos detectives alertaron a la policía de Barcelona de la existencia de un entramado de competidores que les estaba haciendo una competencia rabiosa y desleal gracias a disponer de datos confidenciales.
El punto de arranque del caso fue Sergio C., un policía local de Santa María de Palautordera (Barcelona) que compaginaba este empleo con el de detective privado. Este agente estaba en estrecho contacto con Sara D. una detective de Sabadell, entre cuyos clientes tenía a multinacionales tan importantes como Unilever y Du Pont Ibérica y bufetes de campanillas como Cuatrecasas.
Poco a poco fueron surgiendo otros escalones del entramado, como los detectives Tomás R., de Barcelona, y Juan R., de Cantabria, que supuestamente centralizaban todo el descomunal y valioso volumen de información que conseguía la red.
La policía desconoce aún quién encargó el espionaje a la hermana de la princesa Letizia. En cambio, sabe todo sobre el sufrido por Ignacio López del Hierro, esposo de la dirigente del PP María Dolores de Cospedal: este fue grabado por dos mujeres detectives en septiembre pasado, cuando almorzaba con otros directivos de la empresa Neoris en el restaurante Ten con Ten, de la calle de Ayala de Madrid. La operación, encargada por otro ejecutivo, costó 20.000 euros.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/26/actualidad/1340740732_307812.html
La Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona, que durante más de un año grabó 2.000 conversaciones y siguió a decenas de sospechosos, ha dejado al descubierto un obsceno comercio de datos de todo tipo: estado civil, domicilio, teléfono, propiedades, vida laboral, actividades empresariales, tráfico de llamadas realizadas por la persona investigada, etcétera.
En las pesquisas aparecen involucrados unos 150 sospechosos. Entre ellos, 70 detectives privados, algunos de los cuales habían convertido la venta de información en su verdadera actividad profesional. También han sido detenidos directivos y empleados de Movistar, Vodafone y Orange que a cambio de 300 euros daban el listado de las llamadas telefónicas realizadas por una persona.
En la trama también desempeñaba un importante papel el ingeniero informático Matías B., que ha realizado trabajos para el CNI, que es capaz de penetrar en cualquier ordenador y obtener subrepticiamente todos los datos contenidos en su disco duro. Otro escalón de la organización lo constituía un grupo de funcionarios del Inem y Hacienda, además de policías y guardias civiles. Según fuentes de la investigación, la mayoría de los agentes no cobraba por facilitar algún dato, sino que lo hacía “como un favor” para algún detective amigo.
Obtener información del Inem (Instituto Nacional de Empleo) resultaba muy barato para el entramado: apenas 10 euros, de los que el funcionario corrupto solo percibía tres. En cambio, conseguir de Hacienda la información secreta contenida en el formulario 347 (la declaración anual de operaciones con terceras personas) era más caro: unos 20.000 euros.
El juez de instrucción número 17 de Barcelona tiene encartados en la causa a una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona), a dos funcionarios de Hacienda de Barcelona y a otro del País Vasco. Sin embargo, la policía está tras la pista de uno o más empleados soplones de los que sospecha que podrían estar destinados en la sede central de la Agencia Tributaria, a la que los traficantes denominan “la Casa Grande”.
Las pesquisas han durado más de un año: comenzaron a principios de 2011, cuando unos detectives alertaron a la policía de Barcelona de la existencia de un entramado de competidores que les estaba haciendo una competencia rabiosa y desleal gracias a disponer de datos confidenciales.
El punto de arranque del caso fue Sergio C., un policía local de Santa María de Palautordera (Barcelona) que compaginaba este empleo con el de detective privado. Este agente estaba en estrecho contacto con Sara D. una detective de Sabadell, entre cuyos clientes tenía a multinacionales tan importantes como Unilever y Du Pont Ibérica y bufetes de campanillas como Cuatrecasas.
Poco a poco fueron surgiendo otros escalones del entramado, como los detectives Tomás R., de Barcelona, y Juan R., de Cantabria, que supuestamente centralizaban todo el descomunal y valioso volumen de información que conseguía la red.
La policía desconoce aún quién encargó el espionaje a la hermana de la princesa Letizia. En cambio, sabe todo sobre el sufrido por Ignacio López del Hierro, esposo de la dirigente del PP María Dolores de Cospedal: este fue grabado por dos mujeres detectives en septiembre pasado, cuando almorzaba con otros directivos de la empresa Neoris en el restaurante Ten con Ten, de la calle de Ayala de Madrid. La operación, encargada por otro ejecutivo, costó 20.000 euros.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/26/actualidad/1340740732_307812.html
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