Seguridad Privada & Seguridad Pública | "están pensando en privatizar la seguridad pública" y en "abrir una nueva vía de negocio para los amiguetes".

¿Hacia la privatización de la seguridad en los pueblos?

¿Camina la seguridad de los pueblos hacia la privatización? Hay agentes locales que así lo creen y avisan de que se están dando pasos para ello, como los recortes e, incluso, la eliminación total de las plantilla o la incorporación de interinos en algunos cuerpos.

Estas medidas incrementarían la inseguridad ciudadana en los municipios, donde se ofrecería una seguridad "de risa".

Así lo aseguran tres mandos de policías locales en las comunidades de Madrid, Castilla y León y Valenciana integrados en la Asociación Nacional de Jefes, Mandos y Directivos de Policía Local (Anjepol), que temen que algunas administraciones "están pensando en privatizar la seguridad pública" y en "abrir una nueva vía de negocio para los amiguetes".

Sus sospechas se basan en "movimientos" como la futura Ley de Seguridad Privada, que pretende dar competencias en seguridad pública a vigilantes privados; o en el borrador de Ley de Coordinación de Policía Local de Castilla y León, que fija unos mínimos para que un municipio disponga de ese Cuerpo y la extinción de los actuales si las plantillas no llegan a ese mínimo.

Pero también en la actitud del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que cerró la Academia de Policía Local y que, como ha recordado Anjepol, ha recortado las subvenciones a las denominadas Brigadas de Seguridad Ciudadana o BESCAM.

El jefe de Policía Local de la localidad madrileña de Torres de la Alameda y presidente de Anjepol, José García Archidona, esgrime estos ejemplos y advierte de que "hay una consecuencia clara y nítida en todos estos movimientos que se están produciendo: el grave deterioro que va a sufrir tanto la seguridad pública como el servicio que se presta al ciudadano", que podría ser "de risa".

Recuerda que las policías locales suponen casi una tercera parte del total de policías públicos y una futura privatización afectaría sobre todo a los pequeños municipios, "donde la Guardia Civil tiene cuarteles pequeños que han de cubrir varios términos municipales, por lo que el trabajo preventivo lo hace, sobre todo, la Policía Local".

García Archidona cree que puede hacerse realidad la frase que dijo en su día el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid Francisco Javier Ansuátegui: "El que quiera seguridad que se la pague".

En su opinión, "algunos están pensando en privatizar la seguridad pública, en abrir una nueva vía de negocio para los amiguetes". Y advierte que "lo privado no necesariamente tiene que salir más barato porque las empresas no son ONG", como se ha visto recientemente con el conflicto de la limpieza viaria en Madrid.

Jose Antonio Soriano, inspector de Peñíscola (Castellón), es policía local desde hace 27 años y mando desde hace 16 y cree que se constata "un deterioro de la seguridad pública, que es el paso previo para justificar que el sector privado funciona mejor", con la contratación de un 80 por ciento de los mandos "a dedo, para colocar al amiguete de turno".

Explica que la Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunidad Valenciana incluye la figura del agente interino, que se creó para reforzar puntualmente la seguridad en verano, pero se ha generalizado.

Lo que ha conllevado "una precarización en el empleo, con menos salarios, horarios disparatados y poca profesionalidad", enfatiza.

Subraya que los interinos, que no llevan armas, deberían realizar solo tarea administrativas o de control de tráfico, pero según Soriano, "patrullan a diario con estos agentes y hacen de todo" cuando "no tienen la misma formación" que los policías locales.

Heliodoro Prieto, también inspector, alerta de que el borrador de la Ley de Coordinación de Policía Local de Castilla y León que prepara el Gobierno autonómico incluye por primera vez la figura del interino, lo que en su opinión es "una chapuza" porque supone tener "una policía no profesionalizada".

Otro punto que incluye el borrador es que las policías locales tengan un mínimo de siete miembros y, si no llegan a esa cifra, "serán una figura a extinguir", algo que, a su juicio, "irá en un grave perjuicio de la seguridad" que dan los agentes más próximos a los ciudadanos.

 

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