La seguridad de la cárcel de Albolote pasará a manos de ex escoltas parados
La seguridad de la cárcel de Albolote pasará a manos de ex escoltas parados
Interior idea esta medida para recolocar a los agentes sin actividad tras el fin de ETA · El sindicato AUGC explica que la privatización afectará a 66 guardias civiles de Granada
La vigilancia y el traslado de los presos de la cárcel granadina de Albolote pasará a corto plazo a manos de un servicio privado. Es la decisión que, según el sindicato de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha tomado el Ministerio del Interior para, principalmente, dar salida a los 800 escoltas del País Vasco encargados de proteger a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras el fin de la actividad de la banda terrorista ETA.
Es una medida que afectará a todas las prisiones de España y directamente a los agentes, ya sea del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que se encargan de estas labores.
La AUGC granadina precisa que este relevo afectará a 66 agentes de la Benemérita -en este número están incluidas todas las escalas-, que se distribuyen en cuatro turnos durante la semana en el centro granadino. 46 de ellos custodian el inmueble de alta seguridad y los 20 restantes están destinados a los traslados de los internos, por ejemplo en sus vistas a los juzgados.
La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es la de implantar el modelo americano, en el que la seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuye a empresas privadas incluso ya se lo ha comunicado la Dirección General del Instituto Armado a la AUGC.
El organismo dependiente del Ministerio del Interior está elaborando un estudio previo, que una vez concluido lo elevará al Consejo. El sindicato mayoritario también está recopilando información para remitirla a Madrid.
La postura de este sindicato es contraria a las sustituciones. El portavoz de AUGC Granada, Cecilio Medina, explicó que perjudicará en el plano personal a los guardias civiles destinados en las prisiones. Puso como ejemplo que a lo mejor un agente tiene su vida hecha en Albolote, con casa comprada y con niños escolarizados, y ahora lo destinan, digamos, a Guadix. "No es fácil porque hay que reubicar a todo el personal. Hay que tener muchos parámetros en cuenta como la proximidad de unidades y los perjuicios familiares que ocasiona. Además, estaba en estudio la posibilidad de reducir dependencias que estuviesen en una distancia inferior a cincuenta kilómetros para ahorrar los costes de mantenimiento".
Por lo que sabe, el trasvase se va a materializar de manera progresiva, "pero todos se verán afectados. Se va a llevar a cabo. Las instrucciones del Ministerio del Interior es que las cárceles van a pasar a ser custodiadas por seguridad privada. Debe ser gradual para que la gente se vaya readaptando y para que los nuevos se vayan impregnando de su nueva actividad". Precisó que lo que está en estudio ahora es cómo se va a plantear esa reducción. El proyecto no está del todo definido.
En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciario.
Los funcionarios policiales destinados coinciden en la incertidumbre en la que viven desde que supieron de la noticia. Desconocen ahora su futuro, qué será de ellos. AUGC comparte su malestar y propone ideas. "La cosa sería tan fácil como reunir a la plantilla y ver cuáles son sus preocupaciones para adelantarse al día en que ordenen el relevo de sus cometidos".
Cecilio Medina señaló que las dos variables que han llevado a esta decisión son la situación de desempleo de los escoltas con el fin de ETA y que cada vez hay menos oferta de empleo en la seguridad pública, "pero es que se sigue jubilando gente y los que se van son más de los que entran. Así, la seguridad se resiente".
El dirigente sindical también cree que el relevo afectará a la calidad de los servicios. "No pongo en duda la seguridad privada, pero la experiencia es un factor fundamental". También el número de efectivos de que dispongan las empresas privadas que se encarguen de la seguridad. Recordó que cuantos más vigilantes, más hay que pagar y en el sector privado se miran mucho los costes.
El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, previó en unas declaraciones al diario Huelva Información que "la calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un agente de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 horas".
En resumen, la AUGC rechaza de plano las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo sindical dejó claró que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que "tomará las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".
Es una medida que afectará a todas las prisiones de España y directamente a los agentes, ya sea del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que se encargan de estas labores.
La AUGC granadina precisa que este relevo afectará a 66 agentes de la Benemérita -en este número están incluidas todas las escalas-, que se distribuyen en cuatro turnos durante la semana en el centro granadino. 46 de ellos custodian el inmueble de alta seguridad y los 20 restantes están destinados a los traslados de los internos, por ejemplo en sus vistas a los juzgados.
La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es la de implantar el modelo americano, en el que la seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuye a empresas privadas incluso ya se lo ha comunicado la Dirección General del Instituto Armado a la AUGC.
El organismo dependiente del Ministerio del Interior está elaborando un estudio previo, que una vez concluido lo elevará al Consejo. El sindicato mayoritario también está recopilando información para remitirla a Madrid.
La postura de este sindicato es contraria a las sustituciones. El portavoz de AUGC Granada, Cecilio Medina, explicó que perjudicará en el plano personal a los guardias civiles destinados en las prisiones. Puso como ejemplo que a lo mejor un agente tiene su vida hecha en Albolote, con casa comprada y con niños escolarizados, y ahora lo destinan, digamos, a Guadix. "No es fácil porque hay que reubicar a todo el personal. Hay que tener muchos parámetros en cuenta como la proximidad de unidades y los perjuicios familiares que ocasiona. Además, estaba en estudio la posibilidad de reducir dependencias que estuviesen en una distancia inferior a cincuenta kilómetros para ahorrar los costes de mantenimiento".
Por lo que sabe, el trasvase se va a materializar de manera progresiva, "pero todos se verán afectados. Se va a llevar a cabo. Las instrucciones del Ministerio del Interior es que las cárceles van a pasar a ser custodiadas por seguridad privada. Debe ser gradual para que la gente se vaya readaptando y para que los nuevos se vayan impregnando de su nueva actividad". Precisó que lo que está en estudio ahora es cómo se va a plantear esa reducción. El proyecto no está del todo definido.
En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciario.
Los funcionarios policiales destinados coinciden en la incertidumbre en la que viven desde que supieron de la noticia. Desconocen ahora su futuro, qué será de ellos. AUGC comparte su malestar y propone ideas. "La cosa sería tan fácil como reunir a la plantilla y ver cuáles son sus preocupaciones para adelantarse al día en que ordenen el relevo de sus cometidos".
Cecilio Medina señaló que las dos variables que han llevado a esta decisión son la situación de desempleo de los escoltas con el fin de ETA y que cada vez hay menos oferta de empleo en la seguridad pública, "pero es que se sigue jubilando gente y los que se van son más de los que entran. Así, la seguridad se resiente".
El dirigente sindical también cree que el relevo afectará a la calidad de los servicios. "No pongo en duda la seguridad privada, pero la experiencia es un factor fundamental". También el número de efectivos de que dispongan las empresas privadas que se encarguen de la seguridad. Recordó que cuantos más vigilantes, más hay que pagar y en el sector privado se miran mucho los costes.
El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, previó en unas declaraciones al diario Huelva Información que "la calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un agente de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 horas".
En resumen, la AUGC rechaza de plano las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo sindical dejó claró que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que "tomará las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".
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